Segundo o Canárias Ahora "el coste principal de las medidas correrá a cargo de las compañías - Una concesión ahora sería 122 millones más barata para la industria. La Unión Europea busca reducir al máximo el riesgo de accidentes irreparables ligados a la actividad petrolera y gasística mar adentro y para ello prepara un reglamento sobre la seguridad en prospecciones, exploraciones y producción de crudo y gas en sus aguas que obligará a la industria a un desembolso de 140 millones de euros. Esa es la cifra estiimada en la denominada Opción 2 de las varias propuestas realizadas en el seno de la Comisión Europea para regular la actividad petrolera y gasística en alta mar, y que de entrar en vigor en 2013, como se prevé tras decantarse la mayoría de los organismos de la Unión por esta variante de mayor seguridad, supondrá un incremento de los gastos de las compañías que opten a concesiones como la que pretende Repsol-YPF en aguas limítrofes a Lanzarote y Fuerteventura. El documento de trabajo esbozado primero como propuesta y desarrollado finalmente como Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo contempla una serie de medidas obligatorias en materia de seguridad cuyos gastos de funcionamiento acumulados de la industria se situarían en torno a los 122 millones de euros, y entre 12 y 18 millones de euros en el caso del Estado miembro que conceda a la compañía la explotación de esos recursos. Aparte, las autoridades comunitarias elevan el coste total de la inversión en seguridad en otros 44 millones de euros como máximo -y un mínimo de 18 millones de euros- en concepto de costes administrativos únicos, una inversión millonaria que, sin embargo, redundaría en asegurar mucho mejor que en la actualidad la actividad petrolera en aguas comunitarias y daría una mayor capacidad de respuesta en caso de accidente inevitable. En concreto, el Reglamento consultado por CANARIAS AHORA indica en su exposición de motivos que el denominado riesgo de referencia -costes documentados hasta la fecha de accidentes pasados, pérdidas y daños económicos anuales medios- se sitúa en estos momentos, sin una normativa europea de seguridad global de la actividad petrolera y gasística, entre 205 y 915 millones de euros. Con la elección de aplicar la Opción 2, consistente sobre todo en legislar las medidas técnicas de obligado cumplimiento, el riesgo de referencia quedaría reducido al 50%, para pasar a situarse entre 103 y 455 millones de euros de hipotéticas pérdidas en caso de accidentes. Pero para ello es necesario primero la inversión de 140 millones de euros. En el informe previo al desarrollo técnico del Reglamento se indica que la opción elegida supone una reforma global que, a través de nueva legislación, eleva el nivel de la gestión de riesgo y mejora la capacidad de preparación de emergencias en la industria de actividades mar adentro, como sería el caso de Canarias. A diferencia de otras propuestas de menor envergadura o la carencia actual de un control comunitario de la actividad, el Reglamento en marcha obligará a cada Estado miembro a la comprobación detallada de la capacidad técnica del operador potencial, el establecimiento de inspecciones regulares y de un régimen de sanciones o la presentación de evaluaciones de seguridad oficiales para la aceptación por el regulador”.
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