"Esta vez el portavoz del PP ha sido prudente y no ha calificado de “reflexión personal” la propuesta de reformar el Estado autonómico lanzada el pasado martes por Esperanza Aguirre. Si el lunes marró calificando de tal lo que era un aviso a navegantes del ministro de Economía sobre el recorte en Sanidad y Educación, se ha tentado la ropa a la hora de desautorizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy, sin embargo, no se tomó ni veinticuatro horas para afirmar que no se plantea revisar el modelo de Estado. Olvida el presidente del Gobierno que, como sentenció el estadounidense Ralph Waldo Emerson, “toda reforma fue en su tiempo una simple opinión particular”. Y se olvida también el jefe del Gobierno de que algo muy parecido a lo que planteó Esperanza Aguirre lo ejecutó Alemania en agosto de 2006. Después de siete años de debate, las Cámaras germanas aprobaron la más profunda reforma de la Ley Fundamental de Bonn (1949) actualizando el régimen federal. Una incisiva y estudiada reforma federal que reformuló el reparto de competencias entre los länder y la federación y redujo de forma drástica la intervención del Consejo Federal en la aprobación de las leyes del Estado. La República Federal de Alemania alcanzaba de este modo un gran nivel de eficiencia y funcionalidad, así como de transparencia y buen orden en los mecanismos de gobernación en beneficio de sus ciudadanos y de sus finanzas. Por fortuna para Alemania, la reforma de su federalismo se produjo un año y medio antes de la Gran Recesión que asomó en 2007 y estalló en 2008. Es verdad que, desde el punto de vista político, la propuesta de devolución de competencias de las comunidades autónomas al Estado –sanidad, justicia, educación— resulta inviable si no se abre un auténtico proceso constituyente que revise por entero el Titulo VIII de la Constitución. Es también cierto que no se dan las condiciones necesarias para el imprescindible consenso que conlleva un proceso de esas características en el que habría que determinar inexcusable y nominativamente las nacionalidades y las regiones. Si el PSOE se desmarcó el jueves de la ley de Estabilidad Presupuestaria, más lo haría de un acuerdo sobre el modelo de Estado. Pero que la propuesta de Aguirre sea aquí y ahora inviable no supone que resulte irrazonable, inoportuna o inconveniente, aunque resulte tristemente lógico –se juegan su condumio— que sus pares de otras comunidades no reconozcan la sensatez del planteamiento reformador que antes o después se impondrá. Se ha ido haciendo evidente que el café para todos fue el resultado de una dinámica de emulación con las llamadas nacionalidades –Cataluña, País Vasco y Galicia, además del régimen foral de Navarra— impulsado por el socialismo –luego seguido por la derecha-- que se atrincheró en los primeros años ochenta en su feudo andaluz en el que sigue instalado más de tres décadas después. Los efectos indeseables de esta generalización autonómica –acentuados con la segunda tanda de Estatutos durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero— han sido muchos. El más perjudicial (políticamente) de todo ellos fue la creación de lo que Artur Mas ha calificado de “comunidades artificiales” (y hay unas cuantas). El más perverso –financieramente-- la réplica, muy cara, de diecisiete sistemas políticos con pretensiones cuasi estatales que han generado una tan multitudinaria como parasitaria clase política instalada en un aparato burocrático que devora recursos financieros con carácter corriente e improductivo y que ha malbaratado el sistema financiero que aplicaban las Cajas de Ahorros. Por lo demás, y como Aguirre subrayó, la socialización de la autonomía como modelo de gestión no logró, sino todo lo contrario, la integración de los partidos nacionalistas.
Ignoro si la revisión del Estado autonómico ahorraría 48.000 millones de euros como aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es seguro que la desactivación de los mecanismos de coordinación sectoriales, la compartimentación estanca en el ejercicio de competencias que exigen financiación intensiva, las duplicidades irreductibles, la germinación de entes burocráticos como nichos de colocaciones clientelares y el particularismo insolidario, son todas ellas prácticas de altísimo e innecesario coste. Y este es el quid de la cuestión. El Estado autonómico previsto en la Constitución de 1978 pretendía un doble objetivo: de un lado, ofrecer una solución a la tensión centrífuga de los nacionalismos vasco y catalán, y en menor medida, el gallego; y de otro, procurar una autonomía regional para hacer un Estado más eficiente según las tesis empíricas que aconsejan acercar las instancias resolutorias a los administrados. Más aún: el Estado autonómico era también una réplica al centralismo franquista y, por lo tanto, una manera de constitucionalizar España a la inversa del paradigma nacional de la dictadura. Este último efecto se ha conseguido, pero no los dos anteriores. Y la crisis económica ha demostrado que la sostenibilidad del Estado en su actual modelo es precaria. Los mercados y la troika –FMI, UE y BCE— proyectan el foco sobre la turbiedad de las cuentas que la prensa anglosajona denomina “regionales” porque, en cambio, dispone de una clara radiografía de las que corresponden a la Administración General del Estado. Y es que en la distribución territorial del poder que propició una Constitución pensada para una transición a la democracia hay mucho de artificial, de excéntrico y, a veces, hasta de extravagante. Si los alemanes han reformulado su federalismo varias veces desde 1949 y lo adecuaron decisivamente en 2006, no es ningún despropósito que aquí se plantee –recuerden: toda reforma fue en un tiempo una simple opinión particular—repensar nuestro modelo. En esta tesitura se encuentran, y de ello no debe olvidarse el presidente del Gobierno, la mayoría del electorado del Partido Popular. Por otra parte el Gobierno no debería hacerse trampas en el solitario: de hecho, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los recortes en sanidad y educación ya está tocando el modelo autonómico, precisamente para controlarlo y racionalizarlo, aunque aún de manera harto insuficiente. En todo caso, algo es incuestionable: nuestra crisis no es sólo económico-financiera. Es también institucional y política. Y en el centro de ella –se lo plantee o no Mariano Rajoy—está el debate de beneficios y costes, políticos y económicos, del Estado autonómico. Antes o después, habrá que replanteárselo al modo sensato y racional con el que los alemanes han revisado su federalismo en la primera década de este siglo” (texto publicado no El Confidencial, com a devida vénia)
Ignoro si la revisión del Estado autonómico ahorraría 48.000 millones de euros como aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es seguro que la desactivación de los mecanismos de coordinación sectoriales, la compartimentación estanca en el ejercicio de competencias que exigen financiación intensiva, las duplicidades irreductibles, la germinación de entes burocráticos como nichos de colocaciones clientelares y el particularismo insolidario, son todas ellas prácticas de altísimo e innecesario coste. Y este es el quid de la cuestión. El Estado autonómico previsto en la Constitución de 1978 pretendía un doble objetivo: de un lado, ofrecer una solución a la tensión centrífuga de los nacionalismos vasco y catalán, y en menor medida, el gallego; y de otro, procurar una autonomía regional para hacer un Estado más eficiente según las tesis empíricas que aconsejan acercar las instancias resolutorias a los administrados. Más aún: el Estado autonómico era también una réplica al centralismo franquista y, por lo tanto, una manera de constitucionalizar España a la inversa del paradigma nacional de la dictadura. Este último efecto se ha conseguido, pero no los dos anteriores. Y la crisis económica ha demostrado que la sostenibilidad del Estado en su actual modelo es precaria. Los mercados y la troika –FMI, UE y BCE— proyectan el foco sobre la turbiedad de las cuentas que la prensa anglosajona denomina “regionales” porque, en cambio, dispone de una clara radiografía de las que corresponden a la Administración General del Estado. Y es que en la distribución territorial del poder que propició una Constitución pensada para una transición a la democracia hay mucho de artificial, de excéntrico y, a veces, hasta de extravagante. Si los alemanes han reformulado su federalismo varias veces desde 1949 y lo adecuaron decisivamente en 2006, no es ningún despropósito que aquí se plantee –recuerden: toda reforma fue en un tiempo una simple opinión particular—repensar nuestro modelo. En esta tesitura se encuentran, y de ello no debe olvidarse el presidente del Gobierno, la mayoría del electorado del Partido Popular. Por otra parte el Gobierno no debería hacerse trampas en el solitario: de hecho, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los recortes en sanidad y educación ya está tocando el modelo autonómico, precisamente para controlarlo y racionalizarlo, aunque aún de manera harto insuficiente. En todo caso, algo es incuestionable: nuestra crisis no es sólo económico-financiera. Es también institucional y política. Y en el centro de ella –se lo plantee o no Mariano Rajoy—está el debate de beneficios y costes, políticos y económicos, del Estado autonómico. Antes o después, habrá que replanteárselo al modo sensato y racional con el que los alemanes han revisado su federalismo en la primera década de este siglo” (texto publicado no El Confidencial, com a devida vénia)
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