El Gobierno canario da total prioridad a la reforma del sistema de financiación

Escreve o jornalista JULIO GUTIÉRREZ do La Provincia que “la reforma del sistema de financiación autonómica se ha convertido en el asunto estrella de la agenda política Canarias-Estado. El último mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cierra el paso al endeudamiento. De hecho, el tope del 12% del PIB impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy al Archipiélago para el próximo año supondrá, de entrada, el recorte de 120 millones de euros en los presupuestos. La Hacienda canaria ya descuenta que de nuevo el año próximo se incumplirá el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el artículo que ordena a Madrid igualar la inversión en infraestructura en Canarias a la media del Estado. Así las cosas, introducir modificaciones en el actual sistema -con el que sufragan los servicios básicos sanitarios, sociales y de educación- para que lleguen al menos parte de los 800 millones que el Gobierno canario echa de menos, se revela vital.
El presidente canario, Paulino Rivero, afirmó esta semana que la Sanidad y la Educación, junto a las Políticas Sociales, son intocables para su Gobierno. En simultáneo anunció que el cumplimiento de los objetivos de déficit -0,7% del PIB para el año próximo- y de la deuda son, del mismo modo, irrenunciables. De hecho, un reiterado incumplimiento de esos mandatos acarrearía sanciones por parte del Estado y, en último extremo, la intervención total.
El problema es que ambas cuestiones, el mantenimiento de los servicios esenciales y el cumplimiento de los objetivos, comienzan a ser difícilmente conjugables. El incremento de impuestos que entró en vigor el pasado 1 de julio aportará 250 millones de euros a las arcas autonómicas, según cálculos del consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo canario, Javier González Ortiz. La reforma de la Administración regional, despidos en empresas públicas y recortes salariales incluidos, deberían suponer otros 550 millones de euros. En total 800 millones que ya están gastados y solo vienen a corregir las cuentas canarias para este año tras conocerse la caída de las transferencias en los Presupuestos Generales del Estado.
El PP no cede
Desde el PP, su secretario general en las Islas, Asier Antona, afirmó esta semana que no es el tiempo de abrir el debate sobre el sistema de financiación. Lo reiteraron poco después desde Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Con ese argumentario de los conservadores, parece difícil que Rivero consiga su propósito de articular un frente común con otras comunidades que también resulten perdedoras en el reparto de los fondos del Estado. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el valenciano, Alberto Fabra, ambos del PP, reconocieron esta semana haber dialogado sobre el asunto con su homólogo canario. Los tres comparten el deseo de ver mejorar los fondos para sus respectivas autonomías, pero ahí termina la convergencia. En ningún caso se muestran abiertos a caminar juntos en un bloque que exija con mayor fuerza a Madrid. A Canarias no le quedará más remedio que continuar en la batalla, en solitario o con el apoyo de Andalucía, cuyo presidente, el socialista José Antonio Griñán, ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el techo de deuda que le ha impuesto el CPFF. Según él, acatarlo significaría aceptar un recorte de alrededor de 3.000 millones de euros, lo que se traducirá en cierres de 19 hospitales. Los populares recuerdan que fue Rivero quien pidió el cambio de modelo en el reparto de los fondos, porque el de 2001 estaba dejando al Archipiélago cada vez más lejos de la media del Estado. Cierto. Como también lo es que el vicepresidente canario y consejero de Economía y Hacienda que rubricó el acuerdo fue el hoy ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria. Y para cerrar el círculo, en el Gobierno español se encontraba el PSOE, con Rodríguez Zapatero al frente. La liquidación de los fondos de 2009 y 2010 han hablado. Aquel acuerdo fue malo para las Islas”.