quarta-feira, julho 31, 2013

Canárias guerra com Madrid por causa dos aeroportos...

Escreve o La Provincia que "ni cogestión ni nada que se le parezca. El Estado tiene muy claro que no va a soltar el control de toda la red de los aeropuertos nacionales integrados en AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), el organismo estatal encargado de su gestión, y que no va a dar entrada a ningún tipo de participación ejecutiva a las administraciones regionales. Será así al menos hasta que el Ministerio de Fomento encuentre el momento y la fórmula para la privatización parcial de AENA, pero manteniendo en todo caso el control estratégico. Así lo manifiesta el Gobierno central en una reciente respuesta escrita a la portavoz de CC-NC en el Congreso, Ana Oramas, que se hace eco de la moción aprobada en el Parlamento de Canarias durante el debate del estado de la nacionalidad en marzo en la que se reclama un "modelo de cogestión de los aeropuertos canarios diferenciado del modelo de privatización general de AENA". La respuesta de Fomento es contundente: "Sería absolutamente ineficiente fragmentar la red aeroportuaria de AENA". Fomento considera que "el hecho de que los ocho aeropuertos canarios cuenten con una posición privilegiada en cuento a infraestructuras de calidad ha sido posible precisamente mediante el modelo de gestión en red de AENA". Añade que todo ello se ha logrado "sin que haya supuesto además el esfuerzo de los contribuyentes, ya que AENA se financia exclusivamente con sus ingresos aeronáuticos y comerciales". Precisamente este es el argumento que utiliza Canarias para reclamar un modelo diferenciado en la futura privatización de AENA. Así, frente al hecho de que una gran mayoría de aeródromos de la red nacional sufren pérdidas y acumulan una deuda conjunta de más de 12.313 millones, el Ejecutivo canario destaca que la red regional ofrecía un saldo neto de 27 millones en 2011. Pese a que el Gobierno autonómico insiste en reclamar la cogestión a fin de influir para rebajar las tasas y ganar competitividad, el Estado limita la colaboración a la constitución de un comité de coordinación a través del que "dar cauce de participación a las instituciones y agentes implicados en la mejora de la gestión del sistema aeroportuario".