Se ha hecho público hoy que las comunidades autónomas han cerrado el ejercicio 2015 con un déficit del 1,66% del PIB. La Administración central y la Seguridad social han tenido un déficit conjunto del 3,94%, mientras las entidades locales han presentado superávit de 0,44%. Así, el conjunto de España, sin computar las ayudas al sector financiero, ha incurrido en un déficit de 5,16% del PIB. Los datos muestran por tanto que las comunidades son corresponsables del déficit, aproximadamente en la misma proporción que su participación en el gasto público total. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha acordado una serie de medidas para reforzar la disciplina presupuestaria de las comunidades. Bien, pero el problema de España es más complejo y tiene tres vertientes.
La primera es una insuficiencia de financiación estructural: desde 2012 las comunidades autónomas vienen teniendo de forma repetida un déficit en torno al 1,7% del PIB cada año. Cuatro ejercicios seguidos con un resultado muy parecido indican que hay que hacer algo más que llamamientos a la disciplina. Quizá hay que afrontar la realidad y elevar los ingresos de estas administraciones con medidas como, por ejemplo, establecer mínimos en algunos de sus impuestos cedidos, colmar algunos huecos en impuestos indirectos o incluso reformar el sistema de financiación de régimen común. También habría que evitar reducciones del IRPF que no nos podemos permitir y que también afectan a los ingresos autonómicos. La segunda vertiente del problema es la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. Es una ley adecuada, pero que no se ha aplicado bien hasta ahora. Entre otros ejemplos hay que citar la fijación de los objetivos de estabilidad. Estos se imponen a las comunidades autónomas sin tener en cuenta su situación, ni el distinto déficit del que parte cada una de ellas. Por eso, el resultado es que las comunidades incumplieron los objetivos de 2015, algo que ya se sabía que ocurriría en el momento en que se fijaron. La declaración de buenas intenciones no basta para resolver las dificultades.
Y la tercera vertiente de nuestro problema como país es la exclusión de las comunidades autónomas de la disciplina del mercado financiero mediante la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que viene financiando el gasto autonómico, incluido el exceso de déficit, a cambio de planes de ajuste que es imposible hacer cumplir. Esta política ha sido contraria a la credibilidad de las medidas preventivas y coercitivas de la Ley de Estabilidad y ha estimulado el déficit. En suma, tenemos un deficiente diseño de la arquitectura presupuestaria. Culpar a las comunidades es un enfoque erróneo, lo que necesitamos es una reforma de la política fiscal de todas las administraciones públicas en España. Será una difícil tarea para el próximo gobierno, pero no solo para él. A mi juicio, se requiere un Pacto de Estabilidad y Sostenibilidad de las cuentas públicas entre todos los niveles de gobierno. Ese pacto debería tener los siguientes elementos vinculados entre sí: una financiación territorial más adecuada; unos compromisos creíbles y leales de disciplina presupuestaria, cuyo incumplimiento sea objeto de sanciones automáticas; y, en un periodo de tiempo prudente, el retorno de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados financieros. La responsabilidad es de las comunidades en la parte que les toca, pero el Estado no puede eludir eludir la suya. Acordar --no imponer-- y cumplir lo acordado será lo que permita recuperar la disciplina y la credibilidad de las cuentas autonómicas y del Reino de España en su conjunto (texto de ALAIN CUENCA GARCÍA, El Pais)
Sem comentários:
Enviar um comentário