Varios de los expertos, que han participado este martes en la
presentación del estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, han
abogado porque la Administración central condone parte de los créditos del
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a cambio de que las comunidades acepten el
próximo sistema. Así lo ha manifestado
Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de
Castilla-La Mancha, quien ha manifestado: "El Gobierno tiene actualmente
un instrumento para hacer pasar por el aro a las comunidades en la negociación
del nuevo sistema de financiación, que es el FLA". Durante su intervención
del estudio sobre financiación autonómica elaborado por el Consejo General de
Economistas, Rubio ha precisado que el Ejecutivo podría así negociar la
condonación de la deuda de los créditos estatales, lo que supondría una
liberación de recursos para las autonomías.
El presidente del colegio de Economistas, Valentín Pich, ha sido menos
contundente pero ha indicado que "seguro que tiene que haber un nuevo
modelo y todo lo anterior —en referencia a los fondos del FLA— será parte de la
negociación política". Y ha abundado: "El Gobierno que salga elegido
en los próximos comicios debería encarar con urgencia la reforma de la
financiación autonómica, dado que las comunidades son las responsables de
servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales,
que conforman la parte nuclear del Estado de bienestar".
Juan Manuel Pérez, por su parte, considera el FLA es de facto un parche
del actual sistema de financiación autonómica, como prueba que las autonomías
peor financiadas son las que más han aprovechado estas líneas de crédito que
ofrece el Estado a tipos de interés muy ventajosos.
El Gobierno puso en marcha el FLA en 2012 para que las comunidades
pudieran hacer frente a los vencimientos de su deuda en un momento en que los
mercados habían cerrado la puerta a las autonomías más endeudadas. En aquel
momento, España sufría un ataque de los mercados que hizo escalar la prima de
riesgo más allá de los 600 puntos y elevó el tipo del bono soberano a 10 años
por encima de los 700 puntos básicos. Entonces, el FLA nació como un fondo de
rescate para las autonomías en apuros a pesar de que desde el Ministerio de
Hacienda trataron de quitarle esa connotación.
El Ministerio de Hacienda ha desembolsado cerca de 125.000 millones de
euros, equivalentes 12 puntos del PIB, en créditos blandos para las autonomías.
A cambio de estos préstamos ventajosos el Ejecutivo exigía cierto control sobre
las finanzas regionales. Pero a la hora de la verdad ese control ha sido más informativo
que otra cosa porque no ha servido para enderezar la desviación de las cuentas
regionales.
Para tratar de poner luz sobre la financiación autonómica, los expertos
del Colegio de Economistas han analizado el sistema de reparto de recursos y
han concluido que "el sistema de financiación nacido de la última reforma
de 2009 es poco transparente, lo que facilita la demagogia y dificulta la
corresponsabilidad". Además, indican que "el resultado del sistema es
arbitrario y mantiene unas diferencias entre las comunidades que no se
justifican por sus necesidades de gasto".
Por eso, los economistas proponen una batería de 14 medidas generales
sin mucho detalle. Porque eso corresponde a los políticos, apunta Pich. Entre
estas recomendaciones destaca la de revisar la cesta de tributos cedidos y
realizar la reforma normativa que algunos de ellos necesitan. Añaden que se
debería rebajar el porcentaje de recursos tributarios que aporta cada comunidad
al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que en estos
momentos es del 75%, con lo que se cumpliría mejor con el principio de
corresponsabilidad fiscal. Y por último insisten en la necesidad de simplificar
el sistema de nivelación y respetar el principio de ordinalidad, por el cual la
comunidad que más recibe antes del reparto sigue siendo la que más recursos
obtiene tras el mismo. Es de hecho, un límite a la solidaridad (El Pais)
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