El Gobierno de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 ha sido reacio a proporcionar información sobre la situación económica del país a los organismo internacionales y, menos aún, a la Prensa. Una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años con Nicolás Maduro al frente, precisamente cuando el país se ha sumergido en una crisis total. Solamente a principios de año el Banco Central de Venezuela reveló que la inflación acumulada en 2015 rondó el 180,9% y que el PIB se había contraído en un 5,7%. El resto de cifras se han mantenido como secreto de Estado a todos los organismos económicos. Sin embargo, ayer se supo que el Gobierno venezolano ha enviado todas las cifras macroeconómicas que guarda bajo llave al Fondo Monetario Internacional (FMI) tras 12 años de silencio, pese a la obligación que tienen de hacerlo los países miembros. Según el diario «El Universal», el FMI solicitó la semana pasada las cifras oficiales y el Gobierno accedió a entregarlas. Esto no ocurría desde el año 2004, cuando el fallecido presidente Chávez ordenó clausurar las oficinas del FMI de Venezuela e, incluso, planteó, aunque sin decisión firme, la salida del país de la organización multilateral.
Ni el Banco Central de Venezuela ni el FMI han emitido pronunciamiento alguno sobre la decisión del Gobierno venezolano. De hecho, la información pilló por sorpresa a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que desconocía la decisión de dar a conocer las cifras económicas y el estado financiero del país. El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática y presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, explicó a LA RAZÓN que el acto de entrega de cifras se ve como una reacción desesperada de Maduro al sentirse asfixiado por la presión interna e internacional. «Quizá sea un esfuerzo para lograr financiación por esa vía. Lo positivo de esto es que supone un paso para acabar con la opacidad y la falta de información que hay en la economía venezolana y que hace que estemos en medio de una incertidumbre», aseguró el parlamentario.
Desde el Parlamento exigirán nuevamente que el Gobierno no se reserve las cifras, pues todas deben ser de dominio público, según sentenció Marquina. Por otra parte, afirmó que si el Gobierno de Maduro quiere acceder a una línea de crédito, debería de haber suministrado la deuda real de la República, la situación de la balanza comercial y de pago, la inflación, la certificación y la situación de las reservas internacionales, el abastecimiento y el índices de pobreza, entre otros. «Es decir, Maduro debió entregar todos los índices macroeconómicos que por mandato constitucional se deben publicar constantemente, pero que el BCV no lo hace», apuntó. Ni siquiera la oposición tiene acceso a estas cifras.
Desde principios de año diversos economistas y hasta dirigentes opositores como María Corina Machado han alertado sobre la posibilidad de que el Gobierno acudiera al FMI en busca de una financiación extra. No obstante, el propio Maduro, así como otros representantes del Gobierno lo desmintieron. «Venezuela no puede volver al FMI ni a Washington para que ellos dirijan los destinos de nuestra patria», dijo a principios de año, después de que se acusara al dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, de estar negociando paquetes de ajustes económicos para Venezuela (La Razon)
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