terça-feira, julho 24, 2018

Canarias llevará a Fomento a la Justicia si el 75% no se aplica al coste real del billete

El Gobierno de Canarias ya ha dicho basta. Si el Ministerio de Fomento no rectifica y deja claro que el descuento del 75% en el precio de los billetes de avión y barco para desplazarse a la Península ha de aplicarse al coste real, es decir, a lo que efectivamente le cuesta al residente en el Archipiélago, el Ejecutivo regional llevará al departamento de José Luis Ábalos a la Justicia. Así lo anunció ayer el presidente del Gabinete autonómico, Fernando Clavijo, a la finalización del Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife. El ultimátum del jefe del Ejecutivo de las Islas se produce tras comprobar cómo el Ministerio sigue sin respetar lo estipulado en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el actual ejercicio, la misma que elaboró el gabinete del Partido Popular y la misma que los socialistas se comprometieron a acatar -al menos en lo tocante a la llamada agenda canaria- tras el desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa.

El Parlamento de Canarias, poco antes de las siete de la tarde del martes, esto es, cuando ya había comenzado la sesión plenaria en la que la Cámara rechazaría por unanimidad el real decreto redactado por Fomento, recibía un nuevo documento del Ministerio. Se trata de un "nuevo texto" del decreto enviado el día 6, el que censuraron el Parlamento y el Ejecutivo regionales tras reparar en que no daba garantías de que el descuento del 75% se aplicaría al precio real de los billetes. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar constancia de que la rebaja se calculará sobre la base de la "tarifa del servicio regular" -el término que figura en la ley de los PGE y que garantiza que el descuento se hará en la cantidad que tendría que pagar el residente-, recupera el indeterminado concepto de "tarifa bonificable", que ya en su día rechazaron las instituciones de las Islas por entender que abre la puerta a que el Gobierno central de turno ponga límites a la subvención. Y el "nuevo texto" de Fomento, lejos de atender las reclamaciones del Ejecutivo y el Legislativo de la Comunidad Autónoma, también hace caso omiso de lo estipulado en la ley presupuestaria.
Esta versión 2.0 efectivamente ya no incluye el término "tarifa bonificable", sino que se limita a señalar que el porcentaje de descuento "queda fijado en el 75 por ciento". No obstante, ocurre que el "nuevo texto" se remite, en todo lo demás, al contenido de la ley de los PGE de 2013, en cuya disposición adicional décima tercera se pone negro sobre blanco que el porcentaje se aplicará justamente a la "tarifa bonificable". En definitiva, la nueva redacción del real decreto en nada cambia el meollo de la polémica, sigue sin respetar lo que figura en la ley de los presupuestos estatales y, además, vulnera, a juicio del Ejecutivo, el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas.
"Ya no hay un malentendido, hay una clara voluntad de poder controlar en el futuro de manera unilateral por parte del Gobierno de España el dinero que se les va a descontar de los pasajes a los canarios", subrayó Clavijo, que aseguró que "se agotará el diálogo hasta el infinitivo" pero que igualmente avisó que su gabinete se prepara ya para recurrir al Supremo. Un diálogo que, de hecho, comenzó ayer mismo con la conversación que el presidente canario mantuvo con el propio ministro de Fomento. Un Ábalos que, según Clavijo, le había dado unas explicaciones "que no tienen sentido jurídico" y que no justifican que el real decreto colisione con los PGE. Además, el jefe del Gobierno regional adelantó que el Parlamento celebrará un pleno extraordinario para abordar este asunto el próximo jueves si el ministro "persiste en una actitud" que "obligará" a su gabinete a llevar a la Justicia. Con todo, el líder del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo que el decreto "se modificará las veces que sean necesarias", lo que deja abierta la posibilidad de que su correligionario Ábalos rectifique al fin (texto de Moisés Álvarez, La Provincia)

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